El área entre Izabal, Guatemala, y Cortés, Honduras, se ha visto amenazada por la extracción ilegal de especies, la deforestación e ingobernabilidad. Desde el 2019 se ha enfatizado el esfuerzo para integrar el grupo gestor del Corredor Biológico binacional para compartir información y coordinar acciones entre los gobiernos de Guatemala y Honduras, como un mecanismo innovador.

Con la implementación del Proyecto de dos años, las 21 comunidades involucradas han podido aumentar su capacidad de incidencia y son sensibles acerca de los recursos que poseen, reconocen y valoran las áreas protegidas como espacios clave para el sustento familiar. Algunas acciones destacadas son: emprendimientos de turismo comunitario, reforestación de cinco hectáreas de mangle y otros emprendimientos amigables con los recursos naturales que evitan la deforestación y la extracción ilegal de especies.

En Guatemala se benefician 947 personas y en Honduras 5791 personas más las instituciones socias en ambos países. Para estas entidades, tener una perspectiva de áreas protegidas, como áreas generadoras de bienestar para las comunidades, les permite menor dependencia de los recursos que puedan asignar los gobiernos, y además conservar recursos naturales valiosos para la venta de créditos de carbono en el mercado voluntario, para generar ingresos que sean reinvertidos en las mismas áreas en beneficio de los ecosistemas y las comunidades.

El proyecto asegura la sostenibilidad por medio de su metodología, al tener como centro de las

acciones a las personas que viven dentro de las áreas protegidas. Para asegurar la protección, gestión sostenible y restauración las áreas naturales protegidas es necesario mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Para la continuidad del Corredor Biológico binacional la solución es factor clave.

Este proyecto y sus actividades fueron apoyados por el programa EUROCLIMA+, Expertise France (EF) y Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.